Sistema de pensiones en grecia

1. El excesivo gasto en pensiones fue uno de los principales motores de los malos resultados fiscales de Grecia antes de la crisis. Durante el período 2000-10, el gasto en pensiones de Grecia pasó de cerca del 11 por ciento del PIB, por debajo de la media de la zona del euro del 12 por ciento, a casi el 15 por ciento, el segundo más alto de la zona del euro, después de Italia.

Esto representa el mayor aumento en términos relativos entre sus pares, y se debió a un rápido aumento de las pensiones nominales a causa del alto crecimiento de los salarios y los precios, combinado con generosas prestaciones las pensiones estaban vinculadas a los mejores cinco de los últimos 10 años del historial salarial de cada uno y numerosas opciones para la jubilación anticipada junto con bajas reducciones actuariales cuando se jubila antes de la edad legal de jubilación proporcionando vías de jubilación ampliamente utilizadas en el momento de la crisis. Como resultado, el déficit del sistema -la diferencia entre las prestaciones de las pensiones y las cotizaciones- alcanzó una cifra estimada del 7,3% del PIB en 2010, siendo el mayor contribuyente al déficit general de las administraciones públicas, cercano al 11%.1 Además, las proyecciones de las pensiones apuntaban a un importante problema de solvencia, lo que llevó a la OCDE a describir el sistema de pensiones griego como «una bomba de relojería fiscal», ya que se esperaba que el gasto en pensiones se duplicara para 2050, impulsado por el rápido envejecimiento de la población y la duplicación de la tasa de dependencia de la tercera edad OCDE, 2007; CE 2009. 2.

En 2010 se llevó a cabo una amplia reforma con el objetivo de abordar la sostenibilidad a largo plazo del sistema de pensiones. La reforma pretendía contener el gasto futuro en pensiones endureciendo las condiciones de acceso e introduciendo una norma de prestaciones menos costosa para los nuevos jubilados, entre otras cosas. En concreto, fijó la edad de jubilación anticipada y reglamentaria en 60/65 años para todos los asegurados, al tiempo que aumentó los años de cotización exigidos de 35 a 40.

Asimismo, endureció las normas de jubilación anticipada introduciendo una penalización global por jubilación anticipada y racionalizando la lista de profesiones peligrosas con derecho a jubilación anticipada. Se rediseñó la fórmula de las prestaciones introduciendo un componente de pensión básica de 360 euros al mes, además de una pensión vinculada a los ingresos con tasas de acumulación «medias» -proporción anual de los ingresos pensionables transformados en una prestación de pensión- que oscilan entre el 0,8 y el 1,5 por ciento de los ingresos, frente al 2-3 por ciento anterior a la reforma, y que se introdujeron de manera uniforme para todas las principales cajas de pensiones, excepto la caja de los agricultores OGA. Sin embargo, aunque la reforma vinculó los ingresos pensionables al historial de ingresos de toda la vida, en lugar de los cinco mejores de los últimos diez años, la introducción de la pensión básica no contributiva aplanó el calendario de prestaciones y debilitó los vínculos entre las cotizaciones y las prestaciones. Además, la reforma se vio perjudicada por la amplia protección de las opciones de jubilación anticipada anteriores, lo que provocó una oleada masiva de jubilaciones anticipadas para aprovechar las normas anteriores más generosas.

Por último, su elemento clave -la norma de prestación unificada-, que debía entrar en vigor a partir de 2015, nunca se aplicó. 3. Otras reformas durante 2011-13 trataron de contener los costes a medio plazo del sistema de pensiones.

Las reformas introdujeron una norma de déficit cero para los fondos de pensiones auxiliares con el fin de garantizar la eliminación de sus déficits anuales, aumentaron la edad de jubilación anticipada y la edad legal de jubilación en dos años más, hasta los 62 y los 67 años, respectivamente, y congelaron la indexación de las pensiones, anteriormente vinculada al crecimiento del PIB y a la inflación, hasta 2016. Además, las reformas redujeron las prestaciones de los actuales jubilados, entre otras cosas reduciendo inicialmente y eliminando posteriormente las «primas de vacaciones» de las pagas 13 y 14 de las pensiones e introduciendo una serie de recortes progresivos de las pensiones principales y complementarias por encima de ciertos límites2. La regla de déficit cero no se aplicó, lo que dio lugar a continuos déficits que tuvieron que financiarse con cargo a los presupuestos generales o a la retirada de activos.

El aumento de la edad de jubilación careció de eficacia debido a la amplia aplicación de derechos adquiridos. Y los recortes en las pensiones de 2012-13, que se esperaba que produjeran un ahorro fiscal bruto del 2¼ por ciento del PIB, fueron declarados inconstitucionales por una decisión del Consejo de Estado, CoS, del Tribunal Supremo en 2015.3 El sistema de pensiones de Grecia experimentará un cambio significativo el 1 de enero de 2022, cuando el organismo de pensiones complementarias financiadas TEKA comience a funcionar. Se trata de una gran transición desde el sistema en el que los trabajadores actuales pagan esencialmente, a través de sus cotizaciones, las pensiones de los jubilados, muchos de los cuales se aprovecharon de un trato de favor para jubilarse anticipadamente con pensiones completas, hasta que la crisis financiera obligó a un ajuste de cuentas sobre la viabilidad del sistema.

El modelo social europeo está en entredicho por la disminución de las tasas de fertilidad, el aumento de la esperanza de vida y la reciente crisis financiera. Como los Estados miembros se han comprometido a proporcionar pensiones sostenibles y adecuadas, tienen que revisar constantemente la sostenibilidad de sus sistemas y aplicar reformas para hacer frente al envejecimiento de la población sin desta